Como es evidente, el 2017 no ha sido un año fácil para el país. A la ya complicada situación económica de bajo crecimiento que heredamos del anterior gobierno, se sumó El Niño Costero -emergencia en la que la industria se puso de pie para brindar ayuda a las poblaciones damnificadas-; así como el escándalo de corrupción del caso Lava Jato, que semana a semana fue impactando con sucesivas revelaciones distrayendo la agenda de desarrollo del país.

Ambos factores, sumados a la nula coordinación entre el Congreso y el Ejecutivo por sus constantes enfrentamientos influyeron, sin duda, en el menor crecimiento de la economía nacional, que este año alcanzaría un 2.7%, básicamente debido al golpe de suerte de una subida del precio internacional del cobre y al crecimiento de la pesca.

Distinta es la realidad de la industria, que afronta una situación complicada y acumula más de 7% de caída en los últimos 4 años. Si bien este 2017, se registra el fuerte impulso del procesamiento de la harina y aceite de pescado, no será el caso de la Industria No Primaria -la de mayor valor agregado, que crea más empleo y puede generar un crecimiento sostenido- la cual retrocedería cerca de 1% acumulando una caída del orden del 8% desde el año 2013.

Ni el Ejecutivo ni el Parlamento han impulsado reformas sustantivas para la mejora de la competitividad de la Industria. Adicional a ello, se han aprobado regulaciones que agregan costo y complejidad al desempeño de la manufactura.

Algunas voces poco informadas señalaron que por supuestamente afectar el acceso de los consumidores a productos con precios bajos, las medidas antidumping debían ser eliminadas, cuando la razón de ser de éstas no es proteger a la Industria sino asegurar y defender la competencia leal. Los derechos antidumping son un mecanismo internacional técnico y legal, ampliamente usado para restituir el equilibrio en los mercados abiertos al mundo, cuando la libre competencia es destruida por prácticas desleales de comercio.

¿Qué tenemos que hacer para mejorar? La economía peruana requiere ejecutar reformas estructurales que fortalezcan su nivel de productividad para atraer inversión y tecnología que permita poder competir en los mercados del mundo. La SNI ha alcanzado al gobierno un conjunto de propuestas técnicas para esas reformas pendientes que sí han sido impulsadas en las economías con las que competimos. Si realizamos los cambios en materia laboral; tributaria; regulatoria, y de infraestructura, podremos volver a crecer a 5% sostenidamente y la industria podría alcanzar por efecto un 7%, lo que nos permitiría dar pasos importantes para combatir la avasallante informalidad y emprender nuestro camino al desarrollo para generar bienestar para todos los peruanos.

Crisis política institucional

 Al cerrar esta página queremos dejar claro que en la SNI condenamos todo acto de corrupción venga de donde venga. Ante la delicada situación política que vive el país, es importante precisar que toda solución debe darse dentro del marco de nuestra Constitución, observándose el debido proceso y el principio de presunción de inocencia. Por lo tanto, sin dejar de lado su rol fiscalizador, consideramos que el Congreso debe escuchar y evaluar con objetividad los descargos que tenga que formular el Presidente de la República.

Tengamos en cuenta que esta crisis podrá afectar la actividad económica y ensombrecer el panorama de recuperación económica del 2018, al generar incertidumbre en futuros procesos de inversión en los que está de por medio la confianza en el Perú.

Confiemos en que el desenlace sea el menos doloroso para el país, pues se trata de mantener la institucionalidad democrática y no afectar la estabilidad económica. ¡El Perú no puede parar!