Considerando que el Perú ocupa el puesto 130 entre 144 economías en rigidez laboral, de acuerdo al último Ranking de Competitividad del World Economic Forum (WEF) 2014-2015, y que además somos uno de los países con la mayor tasa de informalidad en América Latina y en el mundo, la Sociedad Nacional de Industrias realizó un conversatorio denominado: Reforma Laboral: “Propuestas de los Expertos”, como un espacio de discusión para que los técnicos y especialistas dieran a conocer sus planteamientos con miras a mejorar el empleo formal y reducir los niveles de informalidad.

El 71.7% de la PEA no se encuentra en planilla. Es decir, siete de cada diez trabajadores peruanos, -la mayor parte de la fuerza laboral- no tienen acceso a ningún beneficio ni derecho desde el punto de vista laboral, como son acceso a la CTS; vacaciones, seguro social o pensiones.

Así lo concluyeron, Jorge Toyama, Elmer Cuba, Miguel Jaramillo y el laboralista español, Antonio Sempere, en el citado foro, donde indicaron que una de las causas del alto índice de informalidad en el país es la excesiva regulación y sobrecostos laborales, ya que las actuales condiciones de contratación y de cese del vínculo laboral son los factores que impiden que el sector formal crezca.

El alto costo de las indemnizaciones a la hora de despedir a un trabajador y la propia estabilidad laboral no permiten mejorar las condiciones salariales y de acceso a derechos fundamentales de este segmento de trabajadores.

Las últimas interpretaciones del Tribunal Constitucional en materia laboral nos están llevando a que cada vez se haga más difícil despedir justificadamente, no permitiendo una relación adecuada y equilibrada entre trabajador y empleador, lo que en definitiva afecta el acceso a los más de 11 millones de trabajadores peruanos a los derechos fundamentales que consagra la OIT, los cuales son: la libre asociación o sindicalización, la no discriminación, el no trabajo infantil y el no trabajo forzado. Es importante indicar que la estabilidad laboral no es un derecho consagrado por la OIT, y que la sindicalización es voluntaria y no debe ser forzada.

Por otro lado, se ha discutido mucho sobre el sueldo mínimo y sobre si debemos actuar sobre él o no. La realidad nos muestra que el 43% de los peruanos ganan menos que lo estipulado por la RMV. Y que son éstos precisamente los que están en la informalidad, donde en algunos casos esta remuneración bordea los S/. 300.00, sin horarios, sin derechos y sin beneficios.

Esta situación no es sostenible ni debería ser aceptable. Es hora que, como peruanos, asumamos nuestra responsabilidad, y, sin posiciones políticas ni ideológicas busquemos modernizar la legislación laboral para que nuestra economía esté acorde al resto de países. Resolver este problema que impacta sobre tres de cada diez peruanos es una tarea de trabajadores, empleadores y Estado con la finalidad de lograr más empleo digno para un mayor número de trabajadores, lo que ayudará a mejorar la calidad de vida de miles de peruanos.