En abril pasado y después de casi dos años de promulgada la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños y Adolescentes, Ley N° 30021, el Ministerio de Salud estableció parámetros técnicos para el azúcar, sal y grasas que se emplean en la producción de alimentos industriales para la elaboración del reglamento.

Si bien la ley solo regula a los alimentos procesados (industria) manifestando querer contribuir a una alimentación saludable, preocupación que también comparte la industria, los parámetros han sido elaborados sin sustento pues no existen estudios técnicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que respalden los parámetros que allí se establecen como altos.

Más grave aún, se han tomado los parámetros que el Codex Alimentarios califica como bajos- y en el cual participan 186 países y la OMS- y se los ha definido como altos en el Perú.

No hay precedentes en el mundo donde se hayan aplicado parámetros tan restrictivos como los que se están pretendiendo imponer en el Perú, por lo que, -de no corregirse- terminarían siendo los más bajos en el mundo, una medida contraria a la práctica internacional.

Esto constituye una nueva sobrerregulación, que, de aplicarse, afectaría a más del 95 por ciento de los productos alimenticios industriales formales, generando pérdidas en ventas, afectando al consumidor y promoviendo además que la industria formal sea desplazada por la informalidad.

Esto puede confundir al consumidor, pues al sólo regularse los alimentos industrializados se deja a las personas expuestas a consumir productos de dudoso origen o que hayan sido manipulados en condiciones poco salubres y sin garantía sanitaria.

Esta ley, mal llamada Ley de la Comida Chatarra, no regula en ningún caso las comidas rápidas ni las preparadas ambulatoriamente (quioscos ni carretillas) que pueden contener mayores dosis de sal, azúcar y grasas. Solo regula los alimentos que han sido empaquetados.

Adicionalmente, se dejaría desabastecido al programa Qali Warma, pues la gran mayoría de alimentos que se proveen a este programa quedarían prohibidos.

Otro aspecto que preocupa, es que los alimentos que no se rijan bajo los parámetros establecidos serán restringidos en los colegios afectando sobre todo a los 26,000 centros educativos públicos que no tienen ni agua ni desagüe.

El mismo Colegio de Nutricionistas del Perú, a través de su decano nacional ha opinado que los parámetros han sido fijados de un modo extremo y buscando satisfacer la necesidad de algunos ideólogos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para que el Perú sea el primer país en el que se apliquen estos rangos.

Es importante aclarar que, contrario a lo que los fundamentalistas declaran, la industria sí quiere someterse a una regulación, pero de una manera técnica y bien hecha.

Por ello en la SNI consideramos que es necesario conformar una mesa técnica y que se nos invite a participar en el diálogo. Es necesario replantear coherentemente los parámetros e incluso establecer una Ley de Alimentación Saludable acorde con los estándares internacionales.