En los últimos 25 años, nuestro país ha experimentado un crecimiento económico sostenido, gracias a las reformas macroeconómicas realizadas en los noventas. Entre el 2003 y el 2013, el Perú creció a una tasa superior al 6% que redujo la pobreza de 60% a 24% y que le permitió gozar de una bonanza económica que, a decir de muchos, nos puso en el camino del despegue económico que el resto del mundo veía prometedor.

Sin embargo, esta extraordinaria performance del país no fue aprovechada para avanzar hacia otra fase superior de desarrollo, razón por la que, pese a las mejoras alcanzadas, subsisten aún retos urgentes por trabajar para brindar bienestar a más de 6 millones de pobres y a casi 12 millones de peruanos que laboran en la informalidad.

Parte importante de esos retos lo constituyen hoy en día las instituciones, cuyo desarrollo está directamente vinculado al avance y progreso de las naciones, siendo condición indispensable para ello. Por esa razón, significan un pilar esencial que es medido con énfasis por el Ranking WEF 2015, en el que lamentablemente el Perú está en el puesto 116 entre 140 países en fortaleza institucional es decir, se ubica entre las 25 naciones con peor institucionalidad en el mundo. Y es que, curiosamente, en esa década de bonanza, en vez de mejorar, la institucionalidad retrocedió.

Un claro ejemplo de debilidad institucional lo vimos recientemente, en las dilaciones de nuestros organismos electorales en la aplicación de dispositivos legales de reciente vigencia en estos comicios. Pero está también -entre otros entes-, el Poder Judicial, Ministerio Público y Congreso, cuyo desempeño no es bien percibido por la ciudadanía en general.

En los últimos dos años, dada la actual coyuntura económica de desaceleración global, la economía peruana registra una fuerte caída en el PBI y de la productividad, y un deterioro de su competitividad. En el caso de la industria, también son dos años de recesión productiva y pérdida de empleos formales. Las últimas cifras del PBI de enero, siguen marcando esa tendencia para el sector, que confiamos se revierta en el segundo semestre.

Como señaláramos en nuestro anterior editorial, el Perú tiene avanzadas dos de las cinco condiciones esenciales para el desarrollo: Estabilidad Macroeconómica y Libre Mercado. Para la SNI, los retos urgentes arriba aludidos pasan por tres grandes e importantes temas de carácter transversal, que afectan tanto a la industria como a toda la economía en general. El principal, como ya hemos citado, es mejorar la calidad institucional, lo que implica reformar el sistema judicial, mejorar el servicio brindado por el servidor público, fortalecer la seguridad pública y reformar las instituciones políticas.

La segunda gran tarea implica Reducir la informalidad, para permitir que el 73% de los trabajadores y el 53% de las empresas sean incluidos en la cadena de valor y puedan crecer. Ello a su vez exige mejorar la seguridad social y dar incentivos para la contratación laboral de la MIPYME; simplificar los regímenes tributarios; reducir la tramitomanía, así como liberar de presuntas multas previas y dar acompañamiento laboral, tributario y administrativo en los primeros años de toda empresa que se formaliza.

Aumentar la competitividad, es el tercer gran reto, para fomentar el comercio exterior al brindar las condiciones para competir con los países con los que tenemos acuerdos comerciales pero que hoy nos superan en competitividad, reducir la rigidez laboral para facilitar la creación de empleos; invertir en infraestructura y reducir costos logísticos; promover la competencia y la productividad; acelerando las reformas en educación y salud en proceso; promoviendo la capacitación laboral y la innovación productiva; dotando de condiciones para un sistema moderno de parques industriales; y mejorando el sistema de defensa de la competencia en el comercio interno y externo.

En estas tres áreas fundamentales, está la agenda pendiente para el desarrollo que plantea la SNI