A partir de las últimas cifras de empleo dadas a conocer por el INEI y procesadas por la SNI, a mediados de agosto presentamos con preocupación que la informalidad había escalado y generado en el último año 257 mil nuevos empleos informales y estaba bordeando ya el récord histórico de 12 millones de trabajadores desprotegidos lo que nos permitió calcular que cada dos minutos se está creando un empleo informal en el país.

En efecto, revisamos que cada día se están perdiendo más puestos de trabajo formales y se están generando más informales, pues por cada dos trabajadores formales existen cinco informales lo que significa que millones de personas laboran sin derechos establecidos por ley ni protección social y estando muchas veces en situación de riesgo permanente, no solo de salud sino también de vida, si consideramos casos como por ejemplo, el del incendio de Las Malvinas.

¿A qué se debe esto? Fundamentalmente, como ya se ha señalado, la informalidad se explica por la rigidez que caracteriza el mercado laboral peruano, agudizada por una baja productividad laboral. Un serio problema que afecta además el crecimiento económico. La rigidez es la dificultad de contratar y/o desvincular que establece nuestra legislación y que no permite la creación de más empleo formal y de calidad para los peruanos.

Y es que como hemos venido sosteniendo en nuestras comunicaciones institucionales, nuestro marco normativo laboral pareciera promover la contratación informal por ser esta más fácil y económica en relación con lo rígido y costoso que implica crear un empleo formal.

Este problema se agrava con el papel del Poder Judicial (PJ) que- en sintonía con el fallo del Tribunal Constitucional (TC)- en los últimos años ha emitido resoluciones en materia laboral modificando la legislación con sus interpretaciones, al confundir el derecho al trabajo y la protección adecuada contra el despido arbitrario con la estabilidad laboral absoluta.

Ello, porque una nueva disposición del PJ establece que en los casos de despido incausado y fraudulento, el trabajador tiene derecho a demandar su reposición y el pago de una indemnización por los daños y perjuicios sufridos, incluyendo daño emergente, lucro cesante y daño moral. La norma, que agrega además el concepto de “sanción punitiva” fue publicada el 4 de agosto último en El Peruano, en el tercer acuerdo que se adoptó en el V Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Laboral y Previsional.

Se trata de medidas que a todas luces desincentivan la creación de puestos de trabajo formales.

Frente a este panorama urge una reforma que flexibilice la legislación laboral para reducir el costo de crear un empleo formal, y elevar el de uno informal, como lo han planteado igualmente entidades como el BCR y el FMI para el Perú. Con ello, nos pondríamos recién en la ruta de alcanzar la meta del gobierno de duplicar la tasa de formalidad laboral al 2021 (de 26% a 52%)”, generando 1 millón de empleos formales nuevos.

La SNI considera ineludible que en el marco de una urgente política pro formalización, en el corto plazo se dicten medidas en los ámbitos legislativo, regulatorio y judicial, es decir, a nivel del Congreso, Ejecutivo y Poder Judicial, los tres poderes del Estado. Esto, complementado con modificar el criterio del TC que consagra la estabilidad laboral absoluta, que es por donde podría comenzarse.

La industria, que es el sector con la tasa más alta de formalidad, expresa su plena disposición de trabajar en ese objetivo.

Confiamos en que el gobierno exprese su firme voluntad de liderar cambios urgentes para realizar una Reforma laboral que permita elevar nuestra competitividad, acabar con la informalidad e incorporar a más trabajadores a la formalidad, de forma que la mayoría de peruanos acceda al progreso y bienestar.