La serie de acontecimientos de violencia social y repentina insurgencia regional que hemos estado viendo en nuestro país en los últimos días, semanas, meses y años, producto de caudillismos trasnochados y quizá muy cercanos a la subversión, nos llevan a hacernos la siguiente pregunta: ¿existe institucionalidad en el Perú? Por definición, la institucionalidad es la característica de solidez y buen funcionamiento que demuestran los estados, las naciones, los gobiernos, etc cuando las cosas funcionan, cuando el Estado se hace presente y plantea soluciones inmediatas a los problemas que surjan, cuando el Estado de Derecho prevalece y todos respetan el bien común. Si miramos al Perú de los últimos años, notaremos que, efectivamente, en costa, sierra y selva el Estado ha estado, valga la redundancia, ausente. Ese vacío de poder generó el crecimiento de líderes regionales caudillistas, quienes bajo el manto de protección que les dan sus cargos abusaron de ese poder para azuzar a la gente y tenerla mal informada, lo que al final no ha ayudado a que la población directamente vinculada con ellos progrese, y más bien continúe pobre e ignorante de la realidad. Desde mi posición de líder de un gremio como la Sociedad Nacional de Industrias, estamos totalmente convencidos que estamos en el momento en el cual los empresarios debemos decir estas cosas claramente y sin reparos. No es posible que la economía, y que el futuro de casi 30 millones de peruanos, esté en juego por culpa de intereses personales. Tampoco queremos pasarle la factura de todos los males del mundo a nuestros gobernantes. Pensamos que el empresariado está preparado para colaborar activamente en resolver este grave problema. Nuestra labor no es solo generar riqueza, sino dar trabajo, bienestar y contribuir al crecimiento del país. Y para que ese crecimiento llegue a todos, tenemos que apoyarnos unos a otros.
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Así como nos pasa con la institucionalidad del país, nos pasa –desde otro punto de vista- con la situación de la industria. Desde hace mucho tiempo se dice que la industria no aporta al país, cuando es todo lo contrario. No se conoce mucho de la labor de la actividad manufacturera, o lo que se conoce de ella no es lo real al 100%. Por ello estamos enfrascados y comprometidos en comunicar mucho más y de forma más dinámica nuestros logros, nuestras acciones, nuestro aporte al desarrollo del Perú. Sin embargo, eso no será posible si no contamos con una verdadera política industrial, en la que estén plasmadas las metas, objetivos, acciones e indicadores, un afinado Balanced Scorecard industrial, que permitan a este sector, que genera cientos de miles de puestos de trabajo e ingresos al erario nacional, catapultar el desarrollo de productos con valor agregado y con personalidad visible, con una marca que nos distinga a nivel mundial. El concurso del Estado –desde el Ministerio de la Producción- es muy necesario para impulsar esa política industrial que tanto se reclama. Es el Estado el que establece las pautas de qué tipo de industria necesitamos, de qué tipo de productos demanda el mundo. Y somos los industriales los que enriquecemos esas políticas de Estado, los que articulamos y trabajamos de la mano con el Estado para alcanzar los objetivos. En este punto no podemos estar vendados ni de espaldas unos con otros. Por ello pensamos que la articulación entre el empresariado y el Estado, no solo para apuntalar la institucionalidad sino para –desde el punto de vista industrial- contar con bases que permitan un mayor desarrollo de la actividad manufacturera, es muy necesaria en momentos como los actuales.
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