Gremios lamentan derogación de decreto legislativo que permitía inversión privada en monumentos

La Cámara de Comercio Lima, La Confederación Nacional de lnstituciones Empresariales Privadas (Confiep) y La Sociedad Nacional de lndustrias se pronunciaron en contra de la derogatoria del Decreto Legislativo 1198, que permitía al Ministerio de Cultura autorizar a empresas públicas y privadas la administración hasta por un periodo de diez años de inmuebles considerados patrimonio cultural de nuestro país.

En esencia, el decreto -que fue anulado el pasado 22 de octubre, un mes después de su publicación por parte del Ejecutivo- permitía a la empresa interesada poner en valor, estudiar, conservar y proteger sitios arqueológicos, Ios cuales seguían siendo propiedad del Estado sin perder su condición de intangible, inalienable e imprescriptible.

«En ningún caso el Decreto Legislativo 1198 implicaba una privatización o concesión del patrimonio cultural, ya que la norma no modificaba en ningún aspecto la propiedad del Estado sobre Ios monumentos arqueológicos», subrayaron los gremios.

Asimismo, afirmaron que la decisión del Congreso de derogar el decreto fue apresurada, pues no se tomó en cuenta los argumentos técnicos y de inclusión social del propio Ministerio de Cultura; sino que se cedió a las presiones de algunos grupos de manifestantes.

«Con esta derogatoria se pierde la oportunidad de poner en valor casi 20,000 monumentos arqueológicos y propiciar el desarrollo de sus zonas de influencia. También se está anulando la posibilidad de que, ante Ia falta de capacidad de inversión y mantenimiento de ellos por parte del Estado, se generen más empleos en las zonas más pobres del país, y que no exista más inversión para lograr que tengan acceso a la infraestructura básica, así como a mejores servicios de educación y salud, principalmente», señalaron.

Finalmente, los gremios empresariales invocaron a las autoridades nacionales, regionales, locales y al Congreso de la República a unir esfuerzos para encontrar una solución legislativa que permita nuevamente poner en valor el patrimonio cultural, el cual es propiedad de todos los peruanos.

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